Denuncian que un concejal albertista filmó a una funcionaria sin su consentimiento

Dentro de la maratónica sesión de último jueves del Concejo Deliberante se ventiló un escándalo institucional que tendrá consecuencias legales. La presidenta del Tribunal Municipal de Cuentas, María Paz Pagano, presentó una nota en la que hace público que durante una reunión con concejales, fue grabada sin su consentimiento por el legislador Alejandro Cordido, del bloque Unión por San Luis.

Paz Pagano informó que el hecho ocurrió el 12 de julio, durante una reunión ampliada en el Concejo. Allí participaron, además de la funcionaria, otro vocal del Tribunal y concejales de los bloques oficialista y oposición, donde justamente trataban las polémicas rendiciones del intendente Sergio Tamayo que terminó su mandato en 2023.

“Alejandro Cordido procedió a realizar filmaciones, según su consideración para “tomar imágenes” por el lapso de aproximadamente una hora sin haber mediado consentimiento alguno por parte de quien aquí suscribe ni por parte de ninguno de los concejales del bloque oficialista”, sostuvo la funcionaria

“Esta presidente se considera afectada y/o vulnerada en su imagen (no solo física sino asimismo con potencialidad de afectarse también la imagen Institucional del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de la Ciudad de San Luis) y en la protección de sus datos personales”, aseveró.

Pagano hizo hincapié que la presidente del cuerpo, Agustina Arancibia Rodríguez, fue quien advirtió de las acciones de Cordido. “El consentimiento es pilar básico para tomar imágenes, realizar filmaciones y/o afines ya que el hecho de ser funcionarios públicos no hace que perdamos nuestra calidad de protección como seres humanos”, apuntó.

También advirtió de los riesgos de las imágenes ante las nuevas tecnologías. “Con dichas imágenes y utilizando un simple programa puede cambiarse lo que se expresó realmente ya que se poseen imágenes reales de quien aquí se expresa como asimismo mi tono de voz exacto”, aseguró. Esto podría provocar, a su parecer, la edición de sus dichos y hasta la elaboración de fake news con su imagen.

Por último, Pagano advirtió de la posibilidad de acceder a la Justicia en la búsqueda de un “resarcimiento legal y posible presentación por incumplimiento de deberes de funcionario público”. Seguidamente solicitó al Concejo que aplique medidas disciplinarias a Cordido que fue funcionarios de Programa de Derechos Humanos durante el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá.

El legislador hizo alusión al tema en la sesión y justificó su accionar en que se trató de una reunión entre funcionarios públicos. “La difusión de las ideas es necesaria para el fortalecimiento de la democracia, aunque a veces no nos gusta lo que puedan decir de uno o una. Sin embargo, en la medida que lo hagan en el ejercicio de nuestros cargos, no se nos ocurre pensar que están siendo vulnerados nuestros derechos personalísimos, porque asumimos que estamos ejerciendo funciones públicas”, argumentó.

Mario Silvestri, presidente del interbloque “Por San Luis”, manifestó a El Chorrillero que Cordido y un colaborador grabaron sin avisar “haciendo preguntas capciosas”.

“El problema no es que filmen, el problema es que no avisaron y cuando fue puesto en evidencia Cordido pidió disculpas. Tiene que ver con una cuestión ética”, opinó.

“La nota que presenté fue en virtud de que a nosotros como Tribunal, el Concejo Deliberante nos llama a explicar nuestras votaciones o para aclaraciones. Es un procedimiento establecido. Lo que pasó esta vez es que nosotros nos presentamos dos porque los demás no pudieron. Empezamos a debatir, llevábamos casi una hora y lo único que se hacía pie es en las rendiciones no presentadas. En un momento, la presidenta preguntó si una cámara estaba filmando y Cordido empezó a tartamudear”, explicó a El Chorrillero.

Pagano apuntó a que “jamás nos han grabado anteriormente y menos sin nuestro consentimiento”. “Rarísima la situación, no sé si será por el hecho de que una mujer preside el Tribunal. Hay que ver si es una cuestión de género o le faltaron estudios en materia de derechos humanos, desconociendo el derecho a la privacidad, a la imagen de una persona”, cuestionó.

“Todos los concejales oficialistas se fueron, (Cordido) les pidió que no lo hicieran y yo me quedé sermoneándolo”, contó.

“No me parece que con una simple disculpa esto se termine. Fue una maniobra totalmente maliciosa y de mala fe de todo el PJ”, aseveró.